UTE informa que, al día de hoy, trabajan en el ente 44 funcionarios o funcionarias que accedieron a sus puestos en el marco de lo dispuesto por las leyes 18.094 y 18.651, que protegen los derechos laborales de las personas con discapacidad. A esto se agregan otras cinco personas que ingresaron bajo el amparo de ambas normas y presentaron renuncia a sus cargos.
Tanto la ley 18.094, en su artículo 1°, como la ley 18.651, en su artículo 49, establecen: “El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes”.
Corresponde señalar entonces que el porcentaje a que se refieren estas normas es sobre las vacantes a cubrir, y no sobre el total de la plantilla de funcionarios. Al 30 de junio de 2018, la plantilla de UTE está compuesta por 6.608 funcionarios y funcionarias, de los cuales 44 son personas con discapacidad que entraron según lo dispuesto por la normativa. Esto equivale al 0,67% del total de funcionarios de la empresa.
Si bien existe un retraso en el cumplimiento de los porcentajes establecidos por ambas disposiciones, está en trámite un nuevo llamado –dispuesto por la resolución de Directorio R 17-1540, del año 2017- que permitirá cubrir dichos porcentajes.
Es necesario puntualizar también que este porcentaje no tiene en cuenta a personas con distintas discapacidades que trabajan en UTE pero no ingresaron en el marco de lo establecido por estas leyes.
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